Por Leonardo Reyes Silva
Cuando nuestro país se convirtió en república al promulgarse
la Constitución
de 1824 y observar como en los siguientes años no se consolidaban las instituciones
nacionales, consideró la conveniencia de crear una nueva constitución más
acorde con las aspiraciones políticas, económicas y sociales de los mexicanos.
Fue así como en 1856 el presidente Ignacio Comonfort de acuerdo
con el Congreso elaboraron una nueva Constitución que fue promulgada el 5 de
febrero de 1857. En ella se incluyeron principios liberales como la libertad de
educación y la libertad religiosa al no declarar como única la católica.
Esta nueva ley fundamental no fue reconocida por el partido
conservador ni por el clero por que afectaba sus intereses. Esta oposición se
había intensificado cuando se expidió la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos
publicada años antes por el mismo Comonfort, en la que se disponía que se
vendieran todas las fincas rústicas y urbanas del clero. Por eso, no fue una
sorpresa que se desconociera la constitución recién promulgada.
Los grupos conservadores presionaron al presidente Comonfort
para que cesara la vigencia de la Carta
Magna , y de acuerdo con ellos aceptó el Plan de Tacubaya
proclamado por el general Félix Zuloaga en el que se declaraba que cesaba de
regir en la república la
Constitución de 1857, que continuaba en el mando Comonfort y
la expedición de una nueva Constitución.
El presidente, que al principio estuvo de acuerdo con el
Plan, luego se arrepintió y no halló otra salida que renunciar a su cargo, por
lo que el general Zuloaga tomó posesión como presidente interino de la
república. Pero al que le correspondía ser el primer mandatario por derecho
legal era el presidente de la Suprema Corte
de la Nación
que estaba a cargo del licenciado Benito Juárez.
Así pues hubo dos presidentes en esos años: uno amparado en
el Plan de Tacubaya y el otro por mandato constitucional. Lo que originó esta
dualidad de intereses políticos fue la llamada Guerra de Reforma que
ensangrentó durante tres años todo el país, en los años de 1858 a 1860.
Desde luego, a Baja California también le llegó su parte. Cuando
el general Zuloaga expidió el Plan de Tacubaya, la tropa acantonada en La Paz reconoció dicho documento,
lo cual no fue aceptado por la mayoría de la población. El coronel Diego
Castilla comandante de la guarnición militar tuvo que enfrentar a las fuerzas
liberales del sur de la entidad las que, después de algunos encuentros, se
apoderaron de La Paz. Castilla
logró huir a tiempo.
Al desconocer el Plan de Tacubaya y desde luego la
presidencia del general Félix Zuloaga, el grupo liberal encabezado por Manuel
Márquez de León, Mauricio Castro, Pablo Gastélum e Ildefonso Green, convocaron
a la Asamblea Legislativa
la que tomó los siguientes acuerdos: 1.- El Territorio de la Baja California es parte
integrante de la Nación Mexicana.
2.- Acata y defiende la Constitución General
de 1857 como única ley fundamental de la República. 3.- Mientras dure la guerra civil se
gobernará el Territorio con absoluta independencia del resto de la República.
Como es de muchos conocido la Guerra de Reforma terminó
con el triunfo de las fuerzas defensoras de la legalidad y en la batalla
decisiva de Calpulalpan la paz volvió nuevamente al país. Las leyes de reforma
que Juárez expidió en Veracruz, sobre todo la que decretaba la nacionalización de
los bienes del clero y la del Registro Civil, aseguró para el país la vigencia
de la Constitución
de 1857.
En esos años de la guerra civil, el pueblo del Territorio de
la Baja California
se gobernaba a través de un Estatuto Orgánico y de una Asamblea Legislativa
integrada por diputados de los siete municipios de la entidad. Pero al término
de la guerra, por disposición del gobierno central, esa ley quedó sin efecto y
de nueva cuenta fue la
Constitución la que rigió los destinos de esta parte del
país.
Se puso fin a la guerra, pero las consecuencias del Plan de
Tacubaya fueron más allá de la paz esperada. El partido conservador, incluyendo
al clero, jamás estuvo conforme con su derrota y prosiguieron sus campañas de
desprestigio en contra del gobierno de Benito Juárez. Algunos de ellos, en
Europa, intrigaban ante las potencias europeas en busca de apoyo para su causa.
Y no hallaron otra cosa mejor que pedir la intervención de
nuestro país y la instalación de una monarquía en sustitución del gobierno
republicano. Fue así como, en 1862, México se enfrentó a una nueva guerra, pero
ahora contra Francia y después, en 1864, contra el gobierno imperial de
Maximiliano de Habsburgo.
El fin de
este conflicto es de todos conocido. Con el triunfo y el fusilamiento de
Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía, en el cerro de Las Campanas en
Querétaro, volvió la paz a nuestro país. México que antes era solo un alboroto
de facciones ahora, con Benito Juárez, fue solamente