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domingo, 20 de enero de 2013

Una lamentable equivocación


Por: Leonardo Reyes Silva

Cuando el licenciado Adolfo de la Huerta, presidente interino de nuestro país en 1920, autorizó la realización de un plebiscito para seleccionar al nuevo gobernador del Distrito Sur de la Baja California, no se pudo imaginar el sesgo político que andando el tiempo cometería la persona electa en ese entonces.

Agustín Arriola Martínez ganó los comicios con amplia ventaja. Le favoreció mucho haber sido con anterioridad integrante del ayuntamiento de La Paz y presidente del mismo. Apoyado por sus antiguos amigos y colaboradores, entre ellos Filemón C. Piñeda, Antonio F. Delgado, Cuauhtémoc Hidalgo, Alejandro de la Toba, quienes formaron parte de su equipo de gobierno.

Mientras allá en la ciudad de México, como resultado de las elecciones para elegir al presidente de nuestro país, tomaba posesión el general Álvaro Obregón el 1º de diciembre de 1920. Uno de sus primeras acciones fue nombrar a Adolfo de la Huerta como Ministro de Hacienda.

El hecho de que hubiera sido De la Huerta el que consigió el acceso a la gubernatura de Arriola, permitió a éste fijar un compromiso con las autoridades centrales, no solamente en los apoyos económicos recibidos sino también en el aspecto político. Después de la toma de posesión de Obregón de seguro las cosas siguieron igual, aunque con las limitaciones propias en cuanto a la ayuda recibida.

Lo cierto es que los cuatro años de gobierno de Arriola se distinguieron por la atención que puso en el desarrollo de la agricultura, en la dotación de tierras a los campesinos, la construcción de caminos y su preocupación por elevar el nivel educativo de los niños y los jóvenes.

Pero en su carácter de territorio la dependencia económica era total. Fue por eso que en 1923 las participaciones federales disminuyeron drásticamente debido a la rebelión armada encabezada por Adolfo de la Huerta, que obligó al gobierno a desviar recursos para someterla. Desde luego esa insurrección no contó con el apoyo de la administración territorial.

En ese año de 1923 las corrientes políticas estaban en todo su apogeo, pues se tenía que elegir candidato para la sucesión presidencial. Desde un principio se perfiló el nombre del general Plutarco Elías Calles, como el preferido del presidente Obregón. Total, cuando se verificaron las elecciones, sólo se presentaron dos candidatos: los generales Plutarco Elías Calles y Ángel Flores, éste último exgobernador del estado de Sinaloa.

En el Distrito los partidos políticos de uno y otro candidato realizaron intensas campañas de proselitismo y algunos de ellos acusaron al gobierno de Arriola de apoyar al general Flores. Cuando se supo el resultado de los sufragios, no causó sorpresa de que los lugares donde había triunfado el opositor de Calles fueran Sinaloa y esta entidad. Aquí, la votación final fue de 2443 votos para Flores y 1035 para Calles.

Como resultado de esa votación, opuesta a los intereses del grupo en el poder, el todavía presidente Obregón decidió destituir de su cargo al gobernador Arriola, en el mes de septiembre de 1924. En su lugar fue nombrado el general Miguel Piña, hijo.

En un libro de mi autoría dije que: “La administración de Arriola duró cuatro años, de septiembre de 1920 a septiembre de 1924. Posiblemente hubiera durado hasta la toma de posesión del general Calles —1º de diciembre de 1924— o a lo mejor éste lo hubiera ratificado en su puesto si el comportamiento de las elecciones hubiera sido de otra manera. Lamentablemente la ciudadanía del Distrito se inclinó por la candidatura del general Flores y eso motivó, creemos, el descrédito de Arriola y la inmediata remoción de su cargo…”.

En esta lamentable equivocación don Agustín adoleció de sensibilidad política. Por más que halla sido amigo del general Flores, —dicen que éste le regaló un fino caballo en que Arriola se paseaba por el centro de la ciudad— lo cierto es que por su mala decisión dio pie para que durante los 50 años siguientes el pueblo sudcaliforniano no tuviera derecho a elegir a su gobernador.

A pesar de ello, la buena administración de Agustín Arriola compensa su actitud política. A lo mejor, dentro de su fuero interno, estaba convencido de que en la vida democrática de un país no valen las imposiciones, como fue el caso de la sucesión presidencial de 1924. Y fue congruente con ello, dado que su puesto de gobernador se lo debió a la ciudadanía que votó sin coacciones de ninguna naturaleza.

sábado, 5 de enero de 2013

Ortega, un audaz reformador


Por Leonardo Reyes Silva
Después de haber triunfado la revolución constitucionalista y la derrota del usurpador Victoriano Huerta en 1914, la Soberana Convención de Aguascalientes nombró al general Félix Ortega Aguilar como jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California.

Con ese nombramiento llegó a La Paz a fines de enero de 1915, y al tomar posesión del gobierno emitió un manifiesto en el que se sometía a las disposiciones de la Convención y acataba sus instrucciones, en el sentido de “hacer que esta apartada región sienta la influencia bienhechora de un gobierno que se esfuerza por todo lo que significa progreso…”.

Ortega pronto se dio cuenta de los graves problemas que padecía la entidad. El erario estaba en crisis y por eso autorizó un aumento a los impuestos sobre las mercancías que se exportaran tanto al interior del país como al extranjero. Los sueldos de los funcionarios fueron rebajados y prohibió la circulación de bonos y billetes emitidos por el gobierno anterior de Miguel L. Cornejo. En su lugar se autorizaron los billetes de circulación nacional emitidos en Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa.

En el mes de marzo Ortega hizo un recorrido por el sur de la entidad y pudo darse cuenta de las condiciones de pobreza en que vivían muchas familias y la carencia de productos alimentarios. Para remediar un poco la situación, ordenó al presidente municipal de San José del Cabo comprara directamente a los agricultores sus productos, entre ellos el frijol, calabaza y camote, a fin de venderlos a precios accesibles a las familias y el resto poder enviarlo a ciudades de la contracosta para cambiarlos por café, arroz, maíz o harina de trigo.

Hizo más a favor del pueblo desprotegido. A los ganaderos les exigió que le vendieran al gobierno parte de las reses destinadas al consumo. Compradas a un precio justo, se vendió la carne a 30 centavos el kilogramo y el resto se distribuyó de forma gratuita a las familias de los pueblos de El Triunfo y San Antonio.
Pero lo más trascendente de su gobierno y que causó profundo malestar entre los comerciantes de La Paz, fue la creación de una tienda proveedora que tendría como función proporcionar mercancías a precios justos. Para ello la proveedora adquirió productos directamente de los agricultores y apoyó económicamente a un grupo de pescadores a fin de que le entregaran lo que habían sacado del mar.

En una crónica que escribí hace tiempo, afirmé que Félix Ortega fue un hombre visionario y que se adelantó en muchos años a la creación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), en 1962. Esta compañía fue creada con el fin de garantizar la compra y regulación de precios en productos de la canasta básica, en particular el maíz. Cuando desapareció en 1999, fue sustituida por Diconsa que cumple con el mismo objetivo y que opera hasta la fecha en las zonas más marginadas del país.

Como era natural, las medidas tomadas por Ortega en beneficio del pueblo no fueron del agrado de los comerciantes de La Paz ya que afectaban sus intereses económicos. Y aunque al principio estuvieron de acuerdo, pudo más su avaricia y la defensa de sus capitales, por no mencionar la pérdida de su poder político.

En el mes de abril empezaron a conspirar para quitar del gobierno a Ortega. Pero fue hasta el 29 de mayo cuando la mayor parte de la guarnición de La Paz se sublevó encabezada por el jefe de armas Eduardo Burns. Antes de ser hecho prisionero, logró huir en una embarcación rumbo a Santa Rosalía y Guaymas. Acéfalo el gobierno, se nombró una junta de gobierno integrada por Luis Pozo, Eduardo S. Carrillo, Felipe R. Cota y Eduardo Burns.

Poco tiempo les duró el gusto pues en el mes de julio el gobierno de Carranza nombró al mayor Urbano Angulo como jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California. Éste, de inmediato, se dedicó a desconocer las reformas económicas de Ortega a fin de corresponder al apoyo que le brindaron los comerciantes de La Paz.

Yo siempre he pensado que si el general Félix Ortega Aguilar se hubiera afiliado al gobierno de Carranza y no al de la Convención respaldada por Francisco Villa, otro gallo le hubiera cantado y quizá hubiera sido un extraordinario gobernante. Sus iniciativas a favor de las clases desprotegidas, el conocimiento que tenía del pueblo sudcaliforniano y el apoyo que recibiría del gobierno central seguramente le iban a permitir continuar con sus reformas económicas y sociales.

Pero no fue así. El hombre líder de la revolución en Baja California Sur en 1913 y 1914, el sudcaliforniano que estuvo presente en la Convención Soberana de Aguascalientes en el mes de octubre de 1814, el personaje que aceptó ser comandante militar y cederle la jefatura del gobierno a Miguel L. Cornejo, el que después lo traicionaría, no pudo lograr sus propósitos reformistas por que se le acabó su tiempo.